El Gobierno nacional decidió poner fin a la condescendencia histórica frente a los ataques y agravios externos. A través del Decreto 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei y todo su Gabinete, el Ejecutivo endureció drásticamente la política migratoria para establecer un principio básico: quien viva del esfuerzo de los argentinos o intente ingresar al país, pero se dedicada a insultar la identidad nacional, tiene las puertas cerradas de forma definitiva.
La medida llega tras una escalada de expresiones hostiles y campañas despectivas contra el país y sus ciudadanos. Con esta reforma a la Ley de Migraciones N° 25.871, la Dirección Nacional de Migraciones queda facultada no solo para prohibir el ingreso en frontera a cualquier extranjero que haya promovido mensajes de odio o discriminación por nacionalidad, sino también para revocar residencias ya otorgadas y ejecutar expulsiones expeditivas. Desde la Casa Rosada fueron categóricos al señalar que «la defensa de la Nación y de sus símbolos no es negociable» y que los agresores externos ya no son bienvenidos en territorio argentino.
La normativa corta de raíz con los abusos de quienes pretendían hacer uso y abuso de la hospitalidad argentina mientras operaban abiertamente contra los intereses y la dignidad del pueblo. Con controles más estrictos y una aplicación implacable de la ley, el Estado reafirma el principio de soberanía y deja en claro que las reglas de convivencia en el país las imponen los argentinos.
