El abogado Daniel Monastersky presentó una denuncia de gravedad institucional ante la Justicia argentina, alertando sobre una estructura de desinformación coordinada con financiamiento desde Rusia. La presentación judicial se apoya en investigaciones que revelan la producción de aproximadamente 250 artículos periodísticos diseñados estratégicamente para moldear la opinión pública local. Según el escrito, esta red habría logrado insertar sus contenidos en el ecosistema mediático mediante presuntos pagos y dádivas a editores y comunicadores, lo que constituye una operación de influencia extranjera sin precedentes en el territorio nacional.
La preocupación central del denunciante radica en el impacto que estas «operaciones de información» tienen sobre el sistema democrático, especialmente en periodos electorales donde la voluntad del votante puede ser manipulada. Monastersky advierte que no se trata de una dinámica de comunicación habitual, sino de una amenaza directa a las instituciones y a la transparencia del debate público. En este sentido, se ha solicitado la intervención de organismos como ARCA para rastrear movimientos financieros sospechosos y determinar si los profesionales involucrados actuaron de forma consciente o si fueron utilizados bajo engaño por la estructura de propaganda.
Ante la magnitud de la denuncia, se ha pedido al Poder Judicial y al Ministerio Público Fiscal una serie de medidas técnicas urgentes para esclarecer los hechos. Entre ellas destacan el análisis de patrones digitales por parte de la DATIP y la cooperación con plataformas tecnológicas internacionales para identificar el origen de los fondos y los canales de difusión. El caso busca sentar un precedente legal en la lucha contra la injerencia extranjera, evaluando si estas maniobras encuadran en delitos tipificados por la Ley de Inteligencia Nacional y la defensa del orden institucional argentino.
