Estacionar en el centro de Resistencia se ha transformado en una doble imposición y, peor aún, en una situación de constante vulnerabilidad para los conductores. Mientras el municipio exige el pago a través del SIDEM, el sistema de estacionamiento medido de la municipalidad de Resistencia, los vecinos se ven obligados a abonar un «peaje» extra y obligatorio a los cuidacoches informales. La sociedad civil coincide de manera unánime en que la actividad de los denominados «trapitos» ha dejado de ser un supuesto servicio de buena voluntad para convertirse en una abierta extorsión de la que nadie puede escapar si quiere cuidar la integridad de su vehículo.
El malestar generalizado no es infundado; responde a una realidad diaria marcada por la hostilidad. Una gran parte de estos personajes opera bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, mostrando perfiles marcadamente agresivos y prepotentes ante cualquiera que intente negarse a pagar sus exigencias económicas. La impunidad con la que se manejan en las principales arterias de la ciudad, sumada a que muchos de ellos cuentan con antecedentes penales, genera un clima de constante temor e inseguridad urbana que altera la convivencia y desborda la paciencia de los contribuyentes.
Ante este escenario insostenible, el proyecto presentado por el concejal Alejandro Aradas para prohibir definitivamente la permanencia y actividad de los trapitos en Resistencia fue recibido con un rotundo optimismo por la comunidad. Los vecinos ven en esta iniciativa legislativa la herramienta institucional definitiva para erradicar una mafia callejera que se apropió del espacio público. La propuesta no solo busca devolver la tranquilidad a las calles, sino también restablecer el principio de autoridad en una ciudad que exige de forma urgente reglas claras y seguridad para todos.
