Una investigación liderada por el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo puso bajo la lupa el funcionamiento del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante la última etapa del gobierno de Alberto Fernández. Según los avances de la causa, que incluyó 30 allanamientos, al menos cuatro empresarios habrían pagado sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de sus operaciones para obtener la aprobación de sus permisos, en un contexto de extrema restricción cambiaria bajo la órbita del Ministerio de Economía conducido por Sergio Massa.
El esquema delictivo bajo investigación apunta a maniobras para sortear el cepo y acceder a divisas a valor oficial, un beneficio que dependía de la validación conjunta de la DGI, la Aduana, el BCRA y la Secretaría de Comercio. Hasta el momento, la fiscalía habría identificado operaciones reales —no simuladas— que superan los US$3,5 millones, logrando individualizar tanto a los operadores financieros involucrados como a cinco funcionarios del Banco Central que estarían imputados en el expediente.
A pesar de que el pedido de coimas para liberar importaciones fue un secreto a voces en el ámbito empresarial y de despachantes de aduana, esta causa representa el primer avance judicial concreto sobre el funcionamiento discrecional del sistema SIRA. Mientras el proceso permanece bajo secreto de sumario, las autoridades trabajan sobre los testimonios y la documentación secuestrada para determinar si existía una red sistemática de recaudación que alcanzaba a otros organismos públicos con influencia decisiva en el comercio exterior.
