El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) acumula presentaciones por más de US$ 121.000 millones distribuidos en cerca de 40 propuestas privadas, con desembolsos proyectados que representan cerca del 1,5% del PBI anual. Más del 95% de este capital se concentra en los sectores de hidrocarburos y minería, encabezados por desarrollos de gas natural licuado (GNL), el oleoducto Vaca Muerta Sur y proyectos estratégicos de cobre y litio en San Juan, Salta, Catamarca y Jujuy. Hasta la fecha, el Ministerio de Economía aprobó formalmente 18 iniciativas por un total superior a los US$ 22.500 millones, impulsando el inicio de obras de infraestructura clave en distintas regiones del país.
A pesar del elevado volumen de iniciativas ingresadas al régimen, analistas económicos y del sector financiero mantienen una postura cauta en cuanto a la liquidez inmediata. Dado que el marco normativo otorga plazos de ejecución plurianuales —estimando que cerca del 60% de los desembolsos efectivos de la primera etapa se concretarán de manera progresiva entre 2026 y 2028—, el ingreso de divisas a las arcas del Banco Central será gradual. Esta velocidad de liquidación genera interrogantes en el mercado respecto de su capacidad para aliviar de forma rápida las presiones sobre el balance cambiario.
Por último, la efectividad del RIGI para dinamizar la economía real enfrenta el desafío de la infraestructura logística y la integración con proveedores locales. Para que los beneficios impositivos otorgados se traduzcan en exportaciones sostenibles y empleo directo, resulta clave afianzar la capacidad de transporte energético, los accesos viales y la estabilidad normativa en las provincias adheridas. Garantizar estas condiciones será determinante para sostener la confianza de los inversores y acelerar el paso de la fase de proyecto a la producción plena.
