El Poder Ejecutivo ultima los detalles de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y evalúa ampliar su esquema punitivo para incluir el castigo a la pesca ilegal y otras operaciones comerciales no autorizadas en las Islas Malvinas. La iniciativa, cuyo texto final se encuentra bajo revisión en la Secretaría de Legal y Técnica, fue discutida en la última reunión de la mesa política en Casa Rosada para extender los controles más allá del sector hidrocarburífero. De concretarse este ajuste, el proyecto complementará las acciones que ya llevaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Procuración del Tesoro a formalizar denuncias contra 60 empresas vinculadas a la exploración petrolera.
El endurecimiento normativo pondrá el foco en la aplicación efectiva de la Ley Federal de Pesca para restringir el uso, administración y explotación de los recursos vivos marinos en aguas jurisdiccionales argentinas. Desde la mesa política del Gobierno estiman que el proyecto ingresará a la Cámara de Diputados el próximo lunes y proyectan un trámite parlamentario ágil en comisiones, fijando como meta su debate en el recinto entre fines de septiembre y los primeros días de octubre. La meta oficial apunta a bloquear comercialmente en el territorio continental a cualquier firma o contratista que preste servicios a operaciones no reguladas en el archipiélago.
En paralelo a la estrategia legislativa, la gestión nacional reforzará la presencia operativa en el extremo austral con el viaje previsto para este viernes del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y el ministro de Defensa, Carlos Presti, a Tierra del Fuego. Ambos funcionarios recorrerán la zona donde se instalará el obrador de la futura Base Naval Integrada en Ushuaia. La visita busca acelerar los plazos de construcción del puerto militar y supervisar el polo logístico de apoyo para las Fuerzas Armadas en el Atlántico Sur.
