El Gobierno nacional radicó denuncias penales ante la Justicia Federal —cuya causa quedó asignada al juez Julián Ercolini— contra las firmas Navitas Petroleum y otras cuatro empresas vinculadas por la exploración y explotación hidrocarburífera no autorizada en el proyecto «Sea Lion», ubicado en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación judicial invocó violaciones a la Ley 26.659 de Hidrocarburos, la cual sanciona las actividades extractivas ilegales en la plataforma continental argentina, y apuntó tanto a las sociedades comerciales como a sus administradores por la presunta comisión de delitos ambientales y operativos en el Atlántico Sur.
En paralelo a la acción judicial, el presidente Javier Milei firmó una instrucción dirigida al Ministerio de Economía para priorizar el financiamiento de la Base Naval Integrada de Ushuaia dentro del proyecto de Presupuesto 2027. La medida dispone la asignación estratégica de partidas para avanzar en la construcción del muelle militar y la infraestructura operativa en Tierra del Fuego, buscando otorgar a las Fuerzas Armadas un centro de apoyo logístico de mayor capacidad para la vigilancia del espacio marítimo austral.
Con la combinación de las demandas penales en Comodoro Py y el impulso presupuestario para infraestructura de defensa, el Poder Ejecutivo procura articular una posición firme sobre el Atlántico Sur. La estrategia busca endurecer la fiscalización del patrimonio marítimo nacional y afianzar la proyección logística del país hacia el territorio antártico y el archipiélago malvinense.
