La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el organismo que reemplazó a la AFIP, formalizó la expulsión definitiva de Ricardo Echegaray, quien se desempeñaba como empleado de planta permanente de la Aduana desde hacía más de 30 años. La medida se encuadró bajo la figura jurídica de exoneración, la sanción más grave contemplada en el régimen de empleo público, y fue notificada formalmente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para dar por concluido su ciclo dentro de la estructura del Estado nacional.
La resolución de la cúpula de ARCA no implicó la apertura de un nuevo sumario interno, sino que consistió en la ejecución directa de la sentencia dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3. El ex funcionario arrastraba una condena a cuatro años y ocho meses de prisión por el delito de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública, la cual incluía la pena accesoria de inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
La decisión administrativa se aceleró luego de que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal declarara inadmisible el recurso extraordinario federal presentado por la defensa del ex jefe de la AFIP. Al agotarse las instancias con efecto suspensivo, las áreas técnicas del ente recaudador determinaron que el fallo judicial adquirió la fuerza ejecutoria necesaria para discontinuar el vínculo laboral de quien fuera uno de los funcionarios clave en materia fiscal durante las gestiones de Néstor y Cristina Kirchner.
