Habiendo transcurrido más de la mitad de mayo, la incertidumbre y la preocupación se profundizan en el seno de la administración pública del Chaco. Los trabajadores docentes, el personal policial, los empleados de la salud, así como los agentes de entes autárquicos y de la administración central, aguardan con fuerte expectativa algún tipo de anuncio oficial que alivie la pérdida del poder adquisitivo. Sin embargo, las respuestas desde la Casa de Gobierno se dilatan, agudizando el malestar en los diferentes sectores que sostienen los servicios esenciales de la provincia.
La realidad de los números expone una brecha alarmante para el bolsillo de los estatales: la inflación acumulada en lo que va del año ya supera el 12%, mientras que la pauta salarial otorgada por el Ejecutivo apenas alcanzó un magro 5% abonado en dos cuotas. Este marcado desfasaje deja a los salarios públicos corriendo muy por detrás de la evolución de los precios, transformando el reclamo por una recomposición urgente en un denominador común entre los representantes gremiales de los distintos escalafones.
Para desalentar las expectativas del sector, el ministro de Hacienda y Finanzas del Chaco, Alejandro Abraam, aclaró durante la semana la delicada situación financiera que atraviesa el erario público. El funcionario argumentó que una parte mayoritaria y crítica de la masa de coparticipación federal que recibe la provincia se destina exclusivamente al pago de los haberes vigentes, una rigidez estructural que, según sus declaraciones, desestima la posibilidad de otorgar cualquier tipo de mejora económica en el corto plazo.
