El Gobierno del Chaco formalizó recientemente, a través de un nuevo decreto, una actualización en el concepto de refrigerio para los profesionales del Programa Provincial de Residencias de Salud. Bajo esta medida, el beneficio alcanzará un total de $232.500 mensuales, de los cuales $200.000 se incorporan para la adquisición de viandas de forma directa mediante tarjeta recargable.
Esta decisión, fundamentada en optimizar los recursos del sistema sanitario y responder a un pedido directo de los residentes, marca un alivio para el sector formación, aunque se aclaró que el monto es no remunerativo y no contará con actualizaciones automáticas.
Sin embargo, este anuncio reaviva la inquietud en el grueso de la administración pública provincial, que observa cómo el concepto de refrigerio para la mayoría de los agentes se mantiene congelado desde mediados de 2023.
La disparidad en el tratamiento de este beneficio genera interrogantes sobre cuándo llegará una recomposición generalizada para el resto de los trabajadores estatales, quienes denuncian que sus ingresos han quedado severamente rezagados frente a la escalada inflacionaria que marcó el inicio de este 2026, sumado a la pérdida de poder adquisitivo acumulada durante todo el ciclo 2025.
El escenario se vuelve aún más complejo al mirar hacia la otra orilla del Paraná. El reciente anuncio del gobernador de Corrientes sobre la evaluación de un nuevo incremento salarial para sus estatales pone presión sobre la gestión chaqueña.
Con salarios que vienen muy atrás de la inflación en estos primeros cuatro meses del año, la perspectiva para los empleados públicos de Chaco es de una creciente tensión social, a la espera de definiciones que permitan equiparar sus haberes con el costo de vida actual y romper con el estancamiento de ítems que ya llevan casi tres años sin cambios sustanciales.
