La agenda económica local ingresa en una etapa de definiciones clave y en los pasillos de la Casa de Gobierno chaqueña se respira un clima de creciente expectativa. Con el horizonte cercano de la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al mes de mayo, el cual las consultoras privadas nucleadas vaticinan a la baja respecto a meses anteriores, los diferentes sectores de la administración pública provincial han comenzado a recalibrar sus demandas de recomposición. Los gremios que representan al escalafón general, al sector docente y a las fuerzas de seguridad aguardan señales concretas por parte del gobernador Leandro Zdero para contrarrestar la pérdida del poder adquisitivo frente a la dinámica inflacionaria.
Fuentes internas del Ejecutivo provincial admiten que, a pesar de las severas restricciones financieras provocadas por la caída de la recaudación y el derrumbe general de las transferencias federales, la posibilidad de otorgar una mejora salarial está bajo análisis en el tapete de las discusiones técnicas. Versiones extraoficiales señalan que los equipos del Ministerio de Hacienda evalúan diversas variables de ingeniería presupuestaria para dar respuestas, al menos de manera parcial, a las áreas consideradas más críticas del Estado. Sin embargo, hasta el momento las autoridades han mantenido un estricto hermetismo, por lo que no han trascendido detalles específicos respecto a posibles porcentajes de aumento o si se optará por sumas fijas o incrementos porcentuales.
El apuro de los representantes sindicales se fundamenta en que los últimos incrementos otorgados —como las actualizaciones fijadas de manera unilateral por el Gobierno provincial mediante el Decreto Nº 287/2026, que dispuso un aumento del 5% en aquel entonces— ya cumplieron su ciclo normativo, dejando los salarios básicos expuestos a la inercia inflacionaria del segundo trimestre. El sector docente, cuya histórica cláusula gatillo quedó en suspenso desde el año pasado, presiona fuertemente para lograr la reactivación de una mesa de negociación que evite una mayor erosión de sus haberes antes del receso invernal. En igual sintonía, desde las filas de la Policía del Chaco y del personal de salud se monitorean de cerca los movimientos oficiales, argumentando la necesidad de sostener los adicionales por dedicación y asistencia crítica frente al costo de vida.
El principal condicionante para que el Ejecutivo chaqueño formalice una oferta sigue siendo la previsibilidad de los recursos financieros para los próximos meses. Con el cronograma definitivo para el pago de la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) ya confirmado oficialmente en la agenda pública, la prioridad de la gestión económica radica en garantizar los fondos para cumplir con este compromiso clave antes de sellar nuevas estructuras de costos fijos en el haber básico. Las próximas jornadas serán determinantes para saber si el Gobierno provincial decide convocar de manera abierta a las mesas sectoriales o si optará por un nuevo anuncio general por decreto que alivie de forma inmediata la demanda de los trabajadores estatales.
