El 13 de junio de 2024, la vida de la pequeña localidad correntina de 9 de Julio cambió para siempre tras el almuerzo en la casa de la abuela Catalina, en el paraje Algarrobal. Loan Danilo Peña, que por entonces tenía cinco años, fue visto por última vez tras caminar hacia un naranjal junto a un grupo de adultos y otros niños. Lo que inicialmente se investigó de manera errática como una pérdida en el monte, derivó con el correr de los días en una causa de fuero federal bajo la hipótesis de captación de personas con fines de explotación o trata de personas, un giro que expuso graves falencias y demoras en los primeros protocolos de búsqueda locales.
A dos años de aquel día, el expediente judicial —que pasó por las manos de la jueza federal Cristina Pozzer Penzo y diversos fiscales— mantiene tras las rejas a siete imputados clave, entre ellos el tío del menor, Laudelino Peña, la funcionaria municipal María Victoria Caillava, su esposo Carlos Pérez (excapitán de navío), y el comisario del pueblo, Walter Maciel, este último acusado de encubrimiento agravado y desvío de la investigación. A pesar de los exhaustivos rastreos terrestres, las excavaciones, los cruces de llamadas telefónicas y las pericias científicas a los vehículos de los sospechosos, la investigación penal preparatoria se encuentra empantanada en un cruce de versiones y pactos de silencio que impiden llegar a la verdad.
El aniversario reinstala con fuerza el reclamo en las agendas de los principales portales nacionales y de la región del Litoral, donde la comunidad no olvida el caso que marchitó las estructuras políticas y policiales de Corrientes. Para los padres de Loan, María Noguera y José Peña, junto a sus hermanos, el paso del tiempo no ha hecho más que profundizar el dolor ante la falta de certezas. Dos años después de aquel almuerzo familiar, el enigma de qué ocurrió en el naranjal sigue abierto, transformado en una de las deudas más dolorosas de la justicia argentina reciente.
