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jueves, noviembre 19, 2026
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El Senado sancionó la ley de discapacidad y mantuvo la actualización por inflación

Con 71 votos a favor y ninguno en contra, la Cámara alta convirtió en ley la norma que reemplaza la emergencia vigente hasta fin de año. El texto ratifica el nomenclador universal, el arancel unificado y la compatibilidad con el empleo formal.

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El Senado de la Nación sancionó este jueves por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ningún rechazo, la nueva ley de discapacidad destinada a dejar atrás la emergencia en el sector que vence a fin de año. La normativa aprobada sostiene los ejes centrales del sistema actual que el Poder Ejecutivo debió conceder a la oposición durante el debate previo en la Cámara de Diputados, incluyendo la continuidad de la pensión no contributiva, su actualización automática por inflación, el nomenclador universal de prestaciones y el arancel unificado.

Durante la sesión, el senador oficialista y titular de la Comisión de Presupuesto, Agustín Monteverde, ofició como miembro informante y defendió el consenso alcanzado tras los intentos frustrados del Gobierno de introducir cambios antes del dictamen. “La única forma de salir de la emergencia es con reglas estables, generando previsibilidad. Si una situación de ese tipo se prorroga, genera incertidumbre a los beneficiarios y prestadores”, sostuvo el legislador porteño al remarcar que la iniciativa no responde a un único sector político.

Desde la bancada opositora, la presidenta de la Comisión de Población y Desarrollo Humano, Alicia Kirchner, acompañó la sanción por considerar urgente evitar un vacío legal ante el vencimiento de la emergencia, aunque expresó serios reparos sobre la capacidad de implementación operativa. En particular, advirtió sobre el rol asignado a las oficinas de la ANSES al señalar que existen “427 centros para todo el país” —con un 42,9% concentrado en la provincia de Buenos Aires—, lo que a su criterio resulta insuficiente para absorber la demanda de gestión en todo el territorio nacional.

En cuanto a los alcances técnicos, la flamante ley ratifica pensiones equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía principal de acceso, y garantiza la compatibilidad entre el cobro del beneficio y el trabajo registrado o la inscripción en regímenes tributarios, siempre que los ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles. Tras la sanción legislativa, el expediente pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y reglamentación, instancia en la que el Presidente conserva la facultad constitucional de aplicar vetos parciales o totales.

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