La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que habían desregulado el sector de la medicina prepaga y eliminado el control estatal sobre el valor de los planes. A partir de esta resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud recupera de manera plena sus atribuciones legales para revisar, fiscalizar y autorizar previamente cualquier incremento en las cuotas.
La decisión, firmada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, representa el primer pronunciamiento del máximo tribunal que declara la invalidez constitucional de un tramo del megadecreto impulsado al inicio de la actual gestión nacional. El expediente arribó a esa instancia tras los recursos extraordinarios interpuestos tanto por la empresa de medicina prepaga demandada como por el Estado Nacional.
En su fallo, la Corte confirmó parcialmente una sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata en el marco de una acción iniciada por una afiliada cuya cuota había sufrido un incremento acumulado del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. Según consta en las actuaciones judiciales, de haberse mantenido el esquema de regulación anterior supervisado por el Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste correspondiente a enero de 2024 habría sido de apenas el 6,26%.
El alcance del pronunciamiento tiene un impacto institucional y económico de gran magnitud para todo el sistema de salud privado. Además de fijar un precedente vinculante para cerca de 500 causas análogas que aguardan resolución en el propio tribunal, el fallo proyecta sus efectos sobre miles de amparos en trámite en juzgados federales de todo el país y abre la puerta a eventuales reclamos de restitución por parte de los usuarios que abonaron los aumentos desregulados.





