La Cámara de Casación Penal, máximo tribunal penal del país, ratificó por mayoría el decomiso de los bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, sus hijos Máximo y Florencia, y el empresario Lázaro Báez. Esta resolución busca asegurar el cobro de los casi 685.000 millones de pesos que los condenados en la causa Vialidad deben abonar al Estado de forma solidaria. Con este fallo, la Sala IV confirma lo dispuesto originalmente en el juicio de 2022, invalidando los recursos presentados por los abogados defensores para frenar la ejecución.
La decisión judicial, respaldada por los jueces Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña, desestimó la estrategia de la expresidenta de resguardar propiedades en Río Gallegos y terrenos en el Lago Argentino que habían sido cedidos a sus hijos. Los magistrados sostuvieron que la condena solo adquiere un sentido pleno si se logra una recuperación efectiva de los activos derivados del delito, neutralizando así el beneficio económico obtenido de manera ilícita. Por su parte, el juez Mariano Borinsky planteó una postura minoritaria al sugerir que ciertos bienes heredados deberían ser excluidos si no se probaba un vínculo directo con las maniobras investigadas.
Además de afectar el patrimonio de la familia Kirchner, la orden judicial se extiende a las propiedades de Lázaro Báez y sus firmas, incluyendo Austral Construcciones. Aunque el plazo para el pago voluntario del monto actualizado venció en agosto del año pasado, el proceso se encontraba paralizado por las sucesivas apelaciones. Con esta confirmación, la Justicia avanza en la etapa final del cumplimiento de la condena económica, cerrando el camino a los argumentos de la defensa que calificaban la medida como una «multa encubierta» o una violación a la propiedad privada.
