La Justicia resolvió abrir un proceso de salvataje —conocido como cramdown— para Algodonera Avellaneda, una medida orientada a esquivar la quiebra de la firma textil radicada en la ciudad santafesina de Reconquista. La compañía, integrada por miembros de la familia Vicentin y propietaria de una importante planta industrial e hilandería, emplea de forma directa a 360 trabajadores. Esta instancia judicial se precipitó tras un prolongado litigio entre la dirección de la empresa y sus acreedores, enmarcado en el concurso preventivo que arrastra la firma tras la crisis desatada en torno al holding cerealero original.
El eje central del conflicto financiero gira en torno al Banco Nación (BNA), entidad que concentra más del 80% del pasivo quirografario computable de la compañía. Los montos verificados y admisibles de la entidad bancaria ascienden a $1.585.782.428,89 y a US$260.791.600,40. Durante el proceso, la defensa de la algodonera intentó excluir al banco estatal del cómputo de las mayorías necesarias para aprobar la propuesta de pago, catalogándolo de “acreedor hostil” por negarse a aceptar quitas. Por su parte, la institución financiera retrucó que las ofertas de acuerdo presentadas no garantizaban la recuperación total de los fondos públicos desembolsados.
Con la apertura de esta etapa concursal, se abre un periodo de puertas afuera para que terceros inversores o acreedores calificados puedan presentar propuestas tendientes a adquirir el paquete accionario o negociar una reestructuración viable. La continuidad operativa de la planta industrial y la preservación de los puestos de trabajo en la región norte de la provincia de Santa Fe dependen ahora de la efectividad de este mecanismo legal de rescate.
