El Gobierno nacional formalizó la clasificación de «secreto militar» para una nueva adquisición destinada a las Fuerzas Armadas a través del Decreto 1205/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial. La norma lleva la firma del presidente Javier Milei y del ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, amparándose en la Ley de Defensa Nacional (23.554), la Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas (24.948) y el Decreto 9390/63. Al apelar a esta figura legal —que resguarda toda compra o construcción fundamental para la preparación y el empleo de las fuerzas—, los organismos contratantes quedan eximidos de las obligaciones habituales de publicidad y difusión pública, omitiendo detalles sobre el tipo de material adquiridos, sus costos, la fuerza receptora y los proveedores involucrados.
Esta medida se da en un contexto de acentuada fricción diplomática entre la Argentina y el Reino Unido por la soberanía de las Islas Malvinas. En las últimas semanas, el Poder Ejecutivo anunció sanciones y denuncias penales contra empresas petroleras no autorizadas que operan en el archipiélago, inició un procedimiento de arbitraje ante la ONU en el marco de la Convención sobre el Derecho del Mar para frenar el proyecto petrolero Sea Lion y dispuso la construcción de una base naval en Tierra del Fuego. Como contrapartida, Londres convocó a la embajadora argentina para entregarle una nota de protesta, mientras que el primer ministro Andy Burnham advirtió ante el Parlamento británico que su país mantendrá una postura implacable en la protección de los intereses de los isleños.
La decisión de aplicar el secreto militar a esta operación no representa un hecho aislado en la actual gestión. Con esta norma, el Ejecutivo ya suma al menos cuatro decretos de características similares desde la asunción de Javier Milei. Las medidas anteriores (decretos 370/24, 807/24 y 1073/24) se utilizaron para resguardar las operaciones contractuales, la infraestructura y la logística del programa estadounidense Foreign Military Sales (FMS) asociadas a la incorporación de los cazas de combate F-16 Fighting Falcon comprados a Dinamarca, a los que se sumó el Decreto 735/26 para clasificar la exportación temporal de dicho material a fines de mantenimiento y actualización.
Esta nueva transacción se inscribe en la mayor renovación de equipamiento militar de las últimas décadas en la Argentina. Un relevamiento elaborado por la Unidad de Datos de Infobae determinó que, entre diciembre de 2023 y agosto pasado, el Estado asignó un total de USD 445.026.954 a la compra de armamento y equipos de seguridad (USD 381,4 millones dirigidos a las FFAA y USD 63,7 millones a Seguridad), cifra que ya supera la inversión total de la gestión de Alberto Fernández y sextuplica la de Mauricio Macri. Además del hito aéreo de los F-16 —gestionado en su momento por el exministro Luis Petri para recuperar la capacidad supersónica perdida en 2015—, el programa abarca la compra al gobierno de Estados Unidos de vehículos blindados Stryker 8×8 para el Ejército, contemplando un primer lote de 8 unidades por USD 20 millones y una proyección que podría expandir la flota hasta 235 vehículos de combate y apoyo.
