El proyecto de Ley de Competitividad Financiera presentado por el Gobierno en el Congreso generó fuertes repercusiones en el mercado bursátil al incluir una iniciativa para aplicar el impuesto a las Ganancias —con una alícuota estimada del 15%— a las inversiones en Certificados de Depósito Argentinos (CEDEARs). La modificación planteada buscaba implementar un criterio de «transparencia fiscal» para que aquellos certificados comprados a partir del 31 de octubre de 2026 tributaran según el activo extranjero subyacente y evitar así diferencias de trato frente a la compra directa de activos del exterior.
La propuesta oficialista argumentaba que el esquema vigente permitía una especie de «arbitraje regulatorio», beneficiando impositivamente a quienes operaban mediante estos vehículos locales en comparación con la tenencia directa de acciones o bonos extranjeros. Sin embargo, ante el revuelo generado entre agentes de bolsa y tributaristas, el director del BICE y asesor clave del Palacio de Hacienda, Felipe Núñez, aclaró públicamente a través de sus redes sociales que la normativa quedó plasmada por error y que será suprimida de la iniciativa legislativa.
De este modo, el instrumento financiero más popular del mercado local mantendría su esquema tributario habitual, disipando la incertidumbre inicial entre los inversores que operan diariamente en la plaza bursátil argentina mediante este mecanismo de representación de activos internacionales.
