El Senado de la Nación sancionó este jueves dos leyes de fuerte impacto económico y geopolítico: por un lado, aprobó con 47 votos a favor y 22 en contra la adhesión al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes (PCT), y por otro, dio luz verde con 42 adhesiones y 26 rechazos a la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que vuelve a imponer restricciones a la adquisición de tierras rurales por parte de ciudadanos o capitales extranjeros.
La ratificación del PCT —un convenio suscripto por la Argentina en el siglo pasado, aprobado originalmente por la Cámara alta en 1998 y devuelto con modificaciones por Diputados en agosto— constituye un paso clave dentro de los compromisos asumidos en el entendimiento comercial con Estados Unidos y en los acuerdos del Mercosur con la Unión Europea y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). Sin embargo, el texto sancionado mantiene «en reserva» el Capítulo II del tratado, una concesión reclamada por los laboratorios nacionales para evitar el fenómeno denominado evergreening, mediante el cual empresas multinacionales realizan modificaciones menores sobre medicamentos existentes para prolongar artificialmente sus patentes por 20 años y bloquear la competencia genérica.
En paralelo, la Cámara alta aprobó la norma sobre propiedad privada que restablece los parámetros de la histórica Ley de Tierras sancionada en 2011. De este modo, se fijan nuevamente un límite máximo del 15% de dominio extranjero sobre el total de tierras rurales productivas, un tope del 30% dentro de ese porcentaje para titulares de una misma nacionalidad y una restricción de hasta 1.000 hectáreas por propietario foráneo en la denominada zona núcleo.
Asimismo, el articulado aprobado introduce criterios estrictos en materia de expropiaciones al establecer que la declaración de utilidad pública deberá ser de interpretación restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido. Según determina la flamante ley, cualquier medida expropiatoria sobre bienes del dominio público o privado deberá acreditar de manera fehaciente su idoneidad, necesidad y proporcionalidad para cumplir con dicho objetivo.





