El uso de teléfonos celulares en la Argentina comienza en etapas tempranas del desarrollo y alcanza al 37% de los niños de 4 años —ya sea mediante dispositivos propios o de terceros—, según el procesamiento de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC sobre una base de 9.554 menores de 4 a 17 años en 31 aglomerados urbanos. La curva crece de manera sostenida con la edad: asciende al 87% a los 12 años, con un salto marcado de 11 puntos porcentuales entre los 11 y los 12 años coincide con el ingreso a la secundaria, y llega al 96% a los 17 años. A su vez, registros de una encuesta nacional sobre 5.910 estudiantes urbanos de 9 a 17 años indican que el 95% posee celular propio con acceso a internet, que el primer equipo llega a los 9,6 años en promedio y que el 79% de los menores de 13 años ya participa en redes sociales pese a los límites etarios de las plataformas.
En la crianza cotidiana, los teléfonos móviles suelen emplearse para entretener, calmar o resolver esperas, ocupando el lugar que antes tenían el aburrimiento y el juego libre. Especialistas en desarrollo infantil y neurociencias señalan que esos espacios sin estímulos rápidos resultan clave para consolidar la atención sostenida, la autorregulación y la concentración. El estudio también vincula el uso prolongado de pantallas con un menor rendimiento escolar declarado por el 30% de los menores, mientras que entre los adolescentes se observan exposiciones tempranas a contenidos sobre modificaciones corporales, donde los métodos para adelgazar o cambiar el cuerpo alcanzan el 67%, y a apuestas online, con una edad frecuente de inicio a los 13 años.
Frente a este escenario, los investigadores remarcan que el acompañamiento adulto y el diálogo en el hogar cumplen un rol protector clave frente a riesgos como el ciberacoso —que alcanzó al 30% de los chicos de 9 a 17 años en 2024 y al 13% entre los 9 y 13 años— o los encuentros presenciales con desconocidos contactados en línea, concretados por el 44% de los jóvenes de 15 a 17 años. También se advierte que la responsabilidad no recae únicamente en las familias, sino que exige acuerdos sociales e institucionales y coherencia en los propios hábitos digitales de los adultos.





