El senador Jorge Capitanich presentó el proyecto de “Ley de Transparencia, publicidad y participación ciudadana” como respuesta directa al decreto 467/26, mediante el cual el Poder Ejecutivo suprimió las instancias de control social sobre las candidaturas a la Corte Suprema que habían sido instauradas en 2003. El legislador argumentó que la composición del máximo tribunal no puede quedar sujeta a los criterios discrecionales del gobierno de turno, enfatizando que la calidad institucional del país depende de procesos abiertos donde la sociedad pueda evaluar a los aspirantes.
La iniciativa establece un marco normativo para reglamentar la facultad presidencial prevista en la Constitución Nacional, exigiendo criterios de selección basados en la idoneidad técnica, moral y la trayectoria académica de los candidatos. El texto del proyecto pone especial énfasis en el compromiso con los Derechos Humanos y propone pautas para asegurar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la representación federal. Asimismo, obliga a la publicidad de las candidaturas y a la presentación de declaraciones juradas patrimoniales, tanto de los postulantes como de sus familiares directos.
Finalmente, el proyecto busca garantizar la participación activa de ciudadanos, organizaciones no gubernamentales e instituciones científicas en el proceso de evaluación. A través de este mecanismo, se pretende que cualquier interesado pueda presentar adhesiones u objeciones fundadas antes de que se formalice la nominación presidencial. Según sostiene el articulado, esta propuesta no altera las competencias constitucionales, sino que busca dotar al sistema de una mayor responsabilidad institucional y legitimidad democrática mediante la transparencia de los antecedentes y la prevención de conflictos de intereses.
