El furor por el Mundial de Fútbol reavivó una fuerte polémica en el sector de los juegos de azar tras el lanzamiento de «Fixture 2026», la plataforma interactiva de Mercado Pago que funciona como un «prode» virtual. El conflicto escaló luego de que la Asociación de Loterías, Quinielas y Casinos Estatales (ALEA), entidad que nuclea a los entes reguladores de todas las provincias del país, enviara una intimación formal a la firma de Marcos Galperin. En el documento se advierte que la herramienta «Torneo de amigos» presenta características que vulneran el artículo 301 bis del Código Penal, el cual castiga con penas de prisión la explotación y organización de apuestas sin la debida aprobación legal.
La controversia radica principalmente en la modalidad «Porotos», una función que permite armar grupos de hasta 50 participantes y pautar un monto de hasta 70.000 pesos por persona, pudiendo conformar un pozo total de 3,5 millones de pesos por torneo. Aunque Mercado Pago incluyó cláusulas de exención de responsabilidad detallando que el juego es de participación gratuita, que no cobra comisiones y que las transferencias del dinero de los premios son netamente voluntarias entre los usuarios al finalizar el certamen, ALEA dictaminó que estas previsiones contractuales desnaturalizan el carácter promocional y estructuran pozos mutuos de apuestas clandestinas.
Beneficios indirectos y el debate sobre el juego juvenil
Los reguladores estatales rechazan la postura defensiva de la billetera virtual al señalar que, si bien la firma no percibe un porcentaje explícito de las apuestas, obtiene un beneficio económico indirecto sumamente mensurable. Para ALEA, la operatoria mantiene un flujo constante de fondos circulando dentro de su propio ecosistema financiero, incrementando notablemente el flotante, expandiendo el volumen de transacciones internas y fidelizando usuarios activos. Este movimiento, de acuerdo con la carta enviada, constituye una forma de explotación económica no regulada de la dinámica lúdica.
Por su parte, desde Mercado Pago confirmaron que el certamen superó ampliamente las expectativas institucionales, con más de 2,3 millones de usuarios que cargaron unos 60 millones de pronósticos para la primera ronda del torneo. La compañía defendió la legalidad del concurso explicando que funciona como una trivia de conocimientos generales y habilidad donde la aplicación actúa únicamente como un soporte tecnológico, sin recaudar ni redistribuir el dinero de los aportantes. El cruce suma tensión al acuerdo de cooperación sobre «juego responsable» vigente entre ambas entidades desde 2020 y reactiva la preocupación por el acceso indirecto de menores de edad a dinámicas de apuestas online.





