La industria de la yerba mate atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años, caracterizada por una profunda distorsión de precios que asfixia al eslabón primario de la cadena. El último informe presentado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) revela que los productores yerbateros apenas logran captar el 13,1% del valor final que el consumidor abona en la góndola. Esta alarmante brecha se traduce en que el precio máximo pagado en origen se ubicó en torno a los 220 pesos por kilo de hoja verde, registrando un desplome real del 27,9% en comparación con los valores del año pasado y consolidando el peor trimestre para el sector desde 2019.
La realidad económica de las familias productoras se vuelve insostenible al contrastar los ingresos con las estructuras de costos actuales. Mientras que el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) estimó que el costo base para producir un kilogramo de hoja verde es de 424 pesos —sin computar impuestos ni márgenes de ganancia—, los yerbateros perciben prácticamente la mitad de ese valor, sufriendo una pérdida neta mínima de 204 pesos por cada kilo cosechado. A este desfasaje financiero se suma la precarización en las cadenas de pago: el sector industrial abona apenas el 50% de la entrega al contado, mientras que el saldo restante se financia mediante cheques y cuotas que se extienden a plazos de 30, 60, 90 y hasta 120 días, licuando aún más la rentabilidad por el impacto inflacionario.
El complejo escenario productivo se agrava de manera decisiva ante la retirada del auxilio estatal en las provincias del norte argentino. De acuerdo con el relevamiento de CEPA, el Gobierno nacional ejecutó un recorte de 1.705 millones de pesos destinados al Programa Impulso al Desarrollo de las Economías Regionales (IDER), una herramienta clave administrada por la Secretaría de Agricultura para sostener la logística y comercialización de los pequeños productores. El cercenamiento de este financiamiento público deja desamparadas a las cooperativas regionales en su momento de mayor fragilidad, incrementando el riesgo de desinversión, el abandono de los cultivos y una inminente reducción de la oferta en el mediano plazo.
