La conflictividad social e intersindical ingresó en una fase de mayor dinamismo tras la reactivación del plan de lucha convocado en conjunto por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). La convocatoria unificada volvió a concentrar las protestas frente al Congreso de la Nación, donde la dirigencia sindical acompañó las habituales marchas de las organizaciones de jubilados para exigir una recomposición urgente de los haberes previsionales y cuestionar la pérdida constante del poder adquisitivo frente al costo de vida.
A las demandas salariales del sector formal se suma la creciente presión de los movimientos sociales y agrupaciones piqueteras, quienes denuncian el impacto del recorte en programas de asistencia estatal, como la baja del esquema Volver al Trabajo y el endurecimiento de las partidas destinadas a la ayuda social. En paralelo, referentes de diversos gremios de la industria y los servicios manifiestan su preocupación por los cierres de plantas, las suspensiones en empresas clave y la baja en la actividad laboral registrada, aspectos que han acelerado los focos de conflicto directo en múltiples sectores productivos del país.
El frente sindical mantiene además un firme rechazo a los reglamentos y aplicaciones derivadas de la reforma laboral, advirtiendo sobre las restricciones a los aportes solidarios y las trabas para la homologación de convenios colectivos. Ante este escenario de estancamiento en las negociaciones paritarias y falta de respuestas por parte del Ejecutivo nacional, las cúpulas gremiales ya diseñan un cronograma de movilizaciones escalonadas para las próximas semanas —que incluirá la marcha a San Cayetano el 7 de agosto— sin descartar la convocatoria a un nuevo paro nacional y una marcha federal si persiste el enfriamiento de las mesas de diálogo.
