La causa, impulsada por el fiscal federal Gerardo Pollicita y tramitada ante el juez Ariel Lijo, busca determinar si existió un incremento patrimonial injustificado —tanto de forma directa como a través de terceros— desde que asumió como vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2024 antes de pasar a presidirlo en enero de 2025 en nombre de la provincia de Buenos Aires.
El origen de la presentación judicial se remonta a una denuncia formulada por el empresario Guillermo Tofoni, distanciado de Tapia por litigios contractuales vinculados a su rol al frente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). No obstante, fuentes judiciales aclararon que la presidencia en la entidad deportiva no contempla un salario oficial y queda al margen del expediente, el cual concentra su foco exclusivo en los ingresos, la actividad y los bienes declarados por Tapia en su desempeño dentro de la administración pública.
Uno de los ejes centrales de la pesquisa gira en torno a la llamativa fluctuación de sus activos líquidos entre los períodos fiscales 2024 y 2025. Según la documentación citada por la fiscalía, en su declaración jurada de 2024 figuraban más de 1.002 millones de pesos en depósitos bancarios, 39 millones en efectivo y 246.206 dólares en cajas de ahorro —un caudal que totalizaba una liquidez cercana al millón de dólares—, mientras que en la presentación presentada en julio de 2025 esos montos se redujeron a cero. Por este motivo, los investigadores intentan dilucidar el origen, destino y justificación documentada de dichos fondos mediante el análisis de consumos, inversiones, créditos o posibles transferencias.





