La Municipalidad de Resistencia, en forma conjunta con miembros de la Administración Provincial del Agua (APA), la empresa SAMEEP y el titular del Juzgado Civil y Comercial N° 21, Julián Flores, se presentaron en el barrio Zampa para atender de primera mano un reclamo comunitario. Las autoridades llevaron adelante una exhaustiva inspección ocular y un relevamiento técnico motivados por la preocupación de los vecinos ante la presunta existencia de agua contaminada. El procedimiento también contempló la detección y el registro de posibles conexiones clandestinas a la red hídrica en distintos puntos del asentamiento.
Desde la Secretaría Legal y Técnica de la comuna explicaron que esta intervención responde de manera directa a una orden de la justicia provincial. El objetivo primordial de los peritajes es determinar con precisión científica los niveles de calidad del agua para constatar si es apta para el consumo humano, además de mapear el estado de las instalaciones informales. Como medida de contingencia inmediata ante la problemática habitacional, los organismos técnicos y el municipio ya se encuentran analizando la factibilidad logística de proveer agua potable de forma regular a través de camiones cisternas.
Por su parte, los voceros del área legal del municipio aclararon que, si bien la institución no es parte formal en el litigio de fondo que afecta al barrio, decidieron acompañar activamente a las familias mientras se aguarda la resolución judicial definitiva. «No queremos estar ajenos, queremos saber hasta dónde llega nuestra ayuda», aseveraron desde el equipo gubernamental. Con este despliegue en territorio, el Estado local y los entes autárquicos buscan dimensionar de manera fehaciente el impacto de la crisis sanitaria y definir los alcances del auxilio social y técnico requerido en la zona.
