El Gobierno del Chaco activó los mecanismos administrativos, técnicos y operativos de urgencia para garantizar la continuidad del servicio de transporte público en el Área Metropolitana del Gran Resistencia. La reacción oficial se produjo tras una comunicación de la empresa ERSA Urbano S.A. U.T. en la que planteaba un eventual cese de la prestación del Grupo I del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana (SITAM), un corredor estratégico que representa una parte sustancial de la conectividad regional con más de 100 unidades en calle y 25.200 kilómetros de recorrido diario.
Ante este escenario, el Ejecutivo provincial ratificó de forma tajante que ninguna compañía concesionaria cuenta con el aval legal para abandonar de manera unilateral un servicio público esencial que moviliza a miles de vecinos hacia sus puestos laborales, escuelas y centros sanitarios. En consecuencia, las autoridades instruyeron la inmediata intimación a la firma correntina para que sostenga las frecuencias, controle las unidades y fiscalice los recorridos, advirtiendo que se documentará rigurosamente cualquier tipo de interrupción o resentimiento en las frecuencias contractuales.
Sanciones patrimoniales y alternativas de emergencia
De manera paralela, las áreas legales de la Provincia comenzaron a evaluar el alcance de las responsabilidades contractuales, penales y patrimoniales que podrían caberle a la prestataria de concretarse el abandono de las líneas. Esto incluye desde la aplicación de multas severas y la ejecución inmediata de las garantías de caución, hasta demandas por daños y perjuicios. El objetivo central trazado por la gestión es amortiguar el impacto social, por lo que ya se diseñan esquemas operativos de emergencia con otros operadores locales.
Desde el Gobierno recordaron que el contrato de concesión obliga a ERSA a garantizar una prestación regular, continua y eficiente, señalando además que el Estado provincial implementó múltiples herramientas de acompañamiento financiero para sostener el sistema en tiempos complejos. “La prioridad es la movilidad cotidiana de la gente. Ninguna empresa puede dejar sin transporte a los usuarios. Vamos a defender la continuidad del servicio público y aplicar todas las medidas que correspondan dentro del marco legal”, sentenciaron desde el Ejecutivo, al tiempo que instaron a la comunidad a seguir los canales oficiales ante posibles modificaciones operativas.
