El proceso licitatorio, que se definió mediante una evaluación técnica tras un empate económico, marca el inicio de una nueva etapa para la vía navegable troncal. Con un plazo de concesión de 25 años, el proyecto prescinde de subsidios estatales, limitando la intervención del Estado a las tareas de control, fiscalización y supervisión. Esta transición hacia un modelo netamente privado tiene como objetivo inmediato una reducción del 13,5% en las tarifas de peaje, una medida que impactará directamente en la estructura de costos del sector agroindustrial.
Uno de los pilares centrales del nuevo contrato es la mejora en la infraestructura operativa: se contempla el dragado de profundización a 40 pies en el tramo del Río Paraná hasta Timbúes y a 39 pies en el Río de la Plata. Esta obra permitirá que los buques de gran calado puedan completar su carga de manera directa en los puertos nacionales, optimizando así la eficiencia logística. Además, el plan integra la incorporación de tecnología de última generación para mejorar la seguridad en la navegación y robustecer las herramientas de control contra el narcotráfico.
La adjudicación ha recibido un sólido respaldo del arco político y empresarial. Tanto las principales cámaras del sector —como CIARA-CEC, la Bolsa de Comercio de Rosario y la UIA— como los gobernadores de las provincias ribereñas, incluyendo a las autoridades del Chaco y la región, celebraron el cierre del proceso. Este consenso subraya la expectativa de que una vía navegable más eficiente no solo beneficie a las grandes exportadoras, sino que actúe como un motor de desarrollo estratégico para las economías regionales de todo el NEA y el Litoral.
