Los datos del informe de abril de 2026 del Observatorio de la Deuda Social de la UCA exponen una radiografía desgarradora: la pobreza infantil en Argentina alcanzó al 53,6% de los niños y adolescentes durante 2025. Aunque las cifras muestran una leve mejoría estadística respecto a los picos críticos del 2024, la realidad es inobjetable: más de la mitad de los menores en el país viven bajo la línea de pobreza. Esta situación no solo compromete el presente de las infancias, sino que hipoteca el futuro del capital humano nacional bajo un manto de carencias que parecen haberse vuelto sistémicas.
La indigencia infantil, situada en un 10,7%, es la cara más cruel de este escenario, manifestándose en una inseguridad alimentaria que afecta a casi el 30% de los menores. Esto significa que tres de cada diez niños en Argentina no acceden a una alimentación regular y nutritiva, lo que genera una dependencia absoluta de la asistencia estatal y los comedores comunitarios para sobrevivir. La persistencia de estos niveles de privación extrema advierte sobre una pobreza estructural que, lejos de ser una coyuntura pasajera, se ha consolidado como una barrera infranqueable para millones de familias.
En el plano local, la situación del Chaco y la región NEA continúa siendo una de las más críticas del país. A pesar de la tendencia nacional hacia una estabilización, nuestra provincia persiste con niveles de vulnerabilidad estructural que la mantienen en el podio de la precariedad. Los datos del Gran Resistencia ya anticipaban tasas de pobreza elevadas que, aunque han mostrado un leve descenso respecto al año anterior, siguen reflejando una brecha profunda entre las políticas de asistencia y la creación de condiciones reales de bienestar y desarrollo para los más pequeños.
El informe de la UCA 2026 debe leerse como un llamado de atención urgente para toda la dirigencia. Si bien la baja de los indicadores respecto al 2024 ofrece un respiro estadístico, la profundidad del daño social acumulado requiere soluciones que excedan el corto plazo. Sin políticas que transformen la estructura económica y social, el Chaco y el país seguirán asistiendo a la cristalización de una generación marcada por la falta de oportunidades básicas, donde comer y estudiar se vuelven privilegios en lugar de derechos garantizados.
