El Ministerio de Exteriores de Irán oficializó la designación de la Armada y la Fuerza Aérea de Argentina como organizaciones terroristas. A través de un comunicado emitido por la diplomacia de Teherán, el régimen iraní justificó esta acción como una medida de reciprocidad frente a lo que consideró un «acto hostil» por parte de Buenos Aires, al tiempo que advirtió que el país sudamericano deberá asumir la responsabilidad de las consecuencias derivadas de esta escalada diplomática.
La determinación del gobierno iraní se ampara en una legislación interna que establece represalias automáticas contra las naciones que respalden o ejecuten la declaración de la Guardia Revolucionaria Islámica como entidad terrorista, figura previamente impulsada por Estados Unidos. Desde la perspectiva de Teherán, la resolución adoptada por la administración de Javier Milei vulnera dicho marco, por lo que aplicaron el principio de reciprocidad legal contra las fuerzas armadas argentinas.
Esta contramedida surge como respuesta directa a la resolución adoptada a finales de marzo por el Gobierno argentino, la cual incluyó oficialmente a la Guardia Revolucionaria de Irán en el registro de grupos terroristas. En aquel momento, la administración de Milei fundamentó la decisión en informes oficiales sobre actividades ilícitas transnacionales y responsabilizó formalmente a dicha formación militar por los atentados perpetrados en Buenos Aires contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994.
