El debate por la reforma electoral y la suspensión de las PASO puso en evidencia contradicciones entre el discurso de seguridad electoral exhibido por el presidente Javier Milei y la urgencia del oficialismo por modificar las reglas de juego antes de fin de año. En cuestión de horas, el proyecto original —que pasó de 79 a 25 artículos— sufrió cambios drásticos, incluida la eliminación de las colectoras tras idas y vueltas en las negociaciones para lograr dictamen en el Senado.
La búsqueda de apoyos legislativos reavivó tensiones y falta de coordinación dentro del espacio gobernante, con distintos referentes y sectores interviniendo en las tratativas y disputándose el protagonismo tras conseguir el dictamen. Si bien desde la Casa Rosada buscan bajar el tono de las diferencias internas para priorizar el tratamiento legislativo —con la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación señaladas como las «tres finales» pendientes—, los roces entre distintos actores siguen latentes.
De cara a 2027, el oficialismo posterga para después de la sanción de la reforma y de las sesiones extraordinarias la definición profunda de su estrategia electoral, las alianzas con gobernadores y el rol de dirigentes clave como Patricia Bullrich y Santiago Caputo. Mientras tanto, el calendario electoral presiona —con provincias que ya fijaron fechas como Neuquén para febrero— y comienzan a circular nombres para la fórmula presidencial sin que el armado esté cerrado.





