Bolivia atraviesa una de las etapas de mayor conflicto social y político de los últimos años, con masivas olas de protestas, marchas hacia La Paz y bloqueos de carreteras que mantienen aisladas a las principales regiones del país. Tras el fin de 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS) y la llegada al poder del actual presidente Rodrigo Paz en noviembre pasado, las tensiones acumuladas estallaron en las calles. La intervención de las fuerzas de seguridad para despejar las rutas ha derivado en violentos choques armados con el uso de dinamita por parte de mineros artesanales, dejando a su paso decenas de heridos, detenidos y una marcada polarización que amenaza con desestabilizar la gobernabilidad.
El origen de este estallido combina demandas de sectores sindicales (como la Central Obrera Boliviana y la Federación de Campesinos Túpac Katari) y motivaciones políticas de los partidarios del expresidente Evo Morales, quien resiste una orden de arresto en su contra. Las movilizaciones exigen soluciones a una economía fuertemente desgastada que viene arrastrando una inflación superior al 19%, escasez crónica de dólares en el sistema financiero y serias dificultades para la importación y distribución de combustibles. Asimismo, diversos grupos de manifestantes han radicalizado sus posturas, demandando directamente la dimisión del mandatario.
El impacto directo sobre la población civil es alarmante debido al desabastecimiento generalizado que golpea a ciudades como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. El bloqueo de caminos impide el transporte de mercancías básicas, provocando que los precios de los alimentos se disparen y que las filas en las estaciones de servicio se vuelvan interminables. La crisis ha alcanzado una dimensión humanitaria crítica luego de que las autoridades sanitarias alertaran sobre la falta de oxígeno en hospitales y la escasez de insumos médicos básicos, mientras organismos internacionales como la OEA ya evalúan la situación ante los riesgos de una parálisis total en el país.
