El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo público un preacuerdo alcanzado en el seno de la denominada Junta de Paz para avanzar hacia el desarme progresivo de Hamás y de otras milicias armadas en la Franja de Gaza. La iniciativa, que contó con el rol mediador de Egipto, Catar y Turquía, plantea un esquema en fases que busca habilitar la retirada gradual de las fuerzas militares israelíes y la posterior llegada de una Fuerza Internacional de Estabilización encargada de garantizar la seguridad en la zona. Según el marco presentado por Washington, el control territorial pasaría a estar bajo la tutela de una administración civil de transición, orientada a la canalización de ayuda humanitaria y la reconstrucción del enclave devastado por los enfrentamientos.
Sin embargo, la viabilidad del acuerdo afronta inmediatos cuestionamientos debido a las exigencias de la cúpula de Hamás sobre las condiciones del terreno. Desde la organización palestina remarcaron que ninguna entrega de armamento o desarme efectivo se concretará hasta que el retiro de las tropas de Israel esté completamente garantizado y verificado. A su vez, los voceros de las facciones en Gaza supeditan cualquier transición organizativa a la entrada efectiva del Comité Nacional para la Administración de Gaza y la supervisión de observadores neutrales que eviten rebrotes ofensivos durante el proceso.
En el ámbito diplomático e internacional prima el escepticismo sobre los plazos reales de ejecución, proyectados por analistas entre varios meses y un año dada la complejidad del conflicto. Funcionarios israelíes mantienen reservas sobre el compromiso definitivo de desmovilización de las facciones armadas, al tiempo que persisten tensiones por las condiciones del repliegue operativo. De esta manera, aunque el anuncio representa una nueva hoja de ruta en las negociaciones de Medio Oriente, su concreción dependerá de un frágil equilibrio de garantías de seguridad para ambas partes en la región.
