El clima en la administración pública provincial comenzó a caldearse en las últimas horas ante un rumor que gana cada vez más fuerza en los pasillos estatales. Todo indica que el segundo bono extraordinario de 100 mil pesos, previsto para abonarse en octubre, no se acreditará de manera directa en las cajas de ahorro de los trabajadores —tal como ocurrió en julio pasado—, sino que el Gobierno provincial instrumentaría el pago a través de la tarjeta Tuya recargable del Nuevo Banco del Chaco (NBCH), una alternativa que rápidamente encendió las alarmas y el descontento de los agentes activos y pasivos.
Detrás de esta decisión, fuentes vinculadas a la entidad bancaria explicaron que el principal objetivo de la medida es generar un impacto fiscal positivo y un incentivo directo para la economía formal. Al depositar el monto en el plástico recargable, el banco y el Estado buscan que los empleados públicos se vean en la obligación de volcar esos fondos exclusivamente en comercios adheridos al circuito en blanco. De este modo, se frena la extracción masiva de efectivo por cajeros automáticos —práctica habitual para afrontar gastos cotidianos en comercios de cercanía como verdulerías, carnicerías y kioscos que no operan con tarjetas— y se evita la pérdida de retenciones sobre esos movimientos.
Sin embargo, la estrategia financiera choca frontalmente con el descontento generalizado y la alta desaprobación que arrastra el NBCH dentro de la sociedad chaqueña. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de cientos de mensajes de rechazo por parte de los trabajadores, quienes perciben la medida como una restricción a la libre disponibilidad de sus ingresos. Para los empleados, verse atados a una tarjeta específica limita su capacidad de decisión sobre cómo administrar un dinero extraordinario destinado a cubrir necesidades básicas en medio de la crisis económica.
De este modo, mientras la entidad financiera y el Ejecutivo apuestan a blindar el consumo formal y dinamizar el circuito comercial interno para mejorar su ecuación fiscal, la tensión con las bases va en aumento. El debate sobre el uso y las condiciones de acreditación del beneficio deja al descubierto la compleja pulseada entre las necesidades de caja del Estado, las estrategias del banco provincial y la resistencia de un plantel estatal que reclama total libertad sobre el manejo de sus haberes.
