El proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso generó un inesperado terremoto político al incluir un fuerte recorte en el área de Discapacidad que tomó por sorpresa a propios y ajenos, encendiendo alarmas en figuras clave como Martín Menem y Patricia Bullrich. La iniciativa inicial dinamitó las conversaciones legislativas en curso y desató una ola de reproches internos, obligando al oficialismo a maniobrar con rapidez para evitar una dura derrota parlamentaria y una fractura con sus socios estratégicos.
Para desactivar la ofensiva opositora y encauzar el debate, las espadas legislativas del oficialismo confirmaron que darán marcha atrás con la redacción original. En su lugar, impulsarán un texto «superador» redactado en conjunto con el PRO, la UCR y los bloques provinciales. Esta nueva propuesta busca cumplir con la meta de ordenar las cuentas públicas y poner fin a la emergencia, pero aplicando un criterio de cirugía mayor: se exigirán mayores requisitos más allá del Certificado Único de Discapacidad (CUD) para garantizar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes verdaderamente lo necesitan, emulando la lógica aplicada en la revisión de subsidios.
Como contrapartida a estas restricciones en el acceso, el acuerdo contempla concesiones clave exigidas por los aliados dialoguistas para dotar de mayor previsibilidad al sector. El nomenclador se actualizará de manera bimestral según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y tendrá carácter universal, mientras que se habilitará la compatibilidad para que las pensiones puedan percibirse de forma conjunta con un empleo registrado, premiando la inserción laboral.
