Granja Tres Arroyos, la empresa que supo erigirse como la mayor avícola de la Argentina, se presentó formalmente en concurso preventivo de acreedores. En el expediente en el que el presidente del directorio, Joaquín De Grazia —integrante de la familia fundadora—, solicitó esta herramienta judicial, la compañía detalló los factores determinantes que la condujeron a esta severa crisis financiera, reconociendo además compromisos impagos monumentales que superan ampliamente los 126.000 millones de pesos. La solicitud no recae únicamente sobre la firma insignia del holding, sino que extiende el pedido de trámite conjunto por agrupamiento económico —amparado en los artículos 65 a 68 de la Ley de Concursos y Quiebras— para las cuatro sociedades que componen el entramado corporativo: la propia Granja Tres Arroyos (núcleo operativo mayor), Wade (a cargo de la planta de la ex Cresta Roja), Avex (con su complejo productivo en la localidad cordobesa de Río Cuarto) y Holding Agro Industrial S.A. (HAISA), la controlante que detenta el 99,941% del capital social y funciona como garante solidaria del resto de las unidades.
En el núcleo de la argumentación expuesta en el expediente judicial, la firma rechazó de plano cualquier tipo de responsabilidad directa de su conducción gerencial sobre el colapso. En el capítulo destinado a justificar el derrumbe, el documento subraya: “Va de suyo, que la situación de impotencia patrimonial que motiva esta presentación no obedece a un manejo empresario imprudente, ni a una explotación operativamente inviable; sino que responde a la acumulación de severos desequilibrios macroeconómicos, cambios estructurales en las reglas de juego del sector y shocks exógenos extraordinarios que alteraron de manera irreversible la ecuación económica de la Compañía”. A este trasfondo macroeconómico adverso se sumaron tensiones operativas críticas, tales como la aparición de restricciones sanitarias y de comercialización internacional, la fuerte contracción del poder adquisitivo interno y un contexto de sobreoferta que deprimió los valores de venta, pulverizando los márgenes de rentabilidad del sector.
La debacle financiera de este conglomerado —que llegó a emplear a miles de operarios y a procesar un volumen masivo de aves a escala nacional— arrastra también un fuerte impacto social y productivo en distintas provincias. Durante los meses previos a la formalización concursal, el freno en la cadena de pagos derivó en la acumulación de miles de cheques rebotados en las cuentas del Banco Central, plantas paralizadas de forma parcial o total, y un escenario de conflictividad laboral caracterizado por suspensiones, ceses de actividades y recortes de personal en distritos clave como Buenos Aires, Entre Ríos y Córdoba. Con este paraguas judicial, la conducción del grupo busca frenar los embargos y pedidos de quiebra impulsados por acreedores, intentando estructurar un plan de salvataje que permita ordenar un pasivo global estimado por encima de los 350 millones de dólares y definir el futuro productivo de la histórica avícola.
