Mientras el equipo económico liderado por Luis Caputo defiende el ancla fiscal, sostiene el superávit y argumenta que la estabilidad inflacionaria constituye la base genuina de recuperación, sectores de la oposición dialoguista —como referentes del PRO encabezados por figuras como Patricia Bullrich— advierten la urgencia de articular un acuerdo político que aporte previsibilidad y contenga a los sectores vulnerables. A su vez, entidades como la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme) y cámaras comerciales locales impulsan protestas y visibilizan cierres de locales en distintos puntos del país, denunciando que la contracción de la demanda pone en riesgo la supervivencia de las pymes.
El debate de fondo expone una fuerte tensión sobre el ritmo y los costos sociales del modelo de estabilización. Por un lado, los informes de la utilización de la capacidad instalada industrial y cámaras sectoriales reflejan que rubros vinculados al consumo masivo y bienes durables operan con mermas operativas y subas en el endeudamiento familiar para gastos corrientes; por el otro, el oficialismo insiste en que cualquier alteración al equilibrio fiscal rompería el sendero de baja de inflación logrado, polarizando las posturas sobre cómo debe encararse la reactivación productiva.
