En un avance clave para la investigación judicial sobre presuntos actos de corrupción en la administración pública, un financista vinculado al sector de seguros y servicios financieros admitió ante la Justicia su participación en un esquema de tráfico de influencias. Según el testimonio brindado en calidad de arrepentido, las maniobras consistían en facilitar el acceso a permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) para empresas que, a cambio de una comisión ilícita, lograban divisas al valor del dólar oficial. Este mecanismo permitía a las firmas beneficiadas obtener una renta extraordinaria debido a la brecha cambiaria existente durante el periodo investigado.

El imputado detalló cómo se coordinaban los pagos con exfuncionarios de áreas estratégicas, quienes tenían el poder discrecional de aprobar o bloquear el ingreso de mercadería al país. Las declaraciones apuntan a la existencia de una estructura jerárquica donde se recaudaban fondos que luego eran derivados a cuentas en el exterior o utilizados para el financiamiento de actividades políticas no declaradas. La Justicia Federal ha solicitado ahora el entrecruzamiento de llamadas y registros bancarios para verificar los nombres y las fechas mencionadas en la confesión, lo que podría derivar en nuevos procesamientos y allanamientos en los próximos días.

Esta confesión se suma a una serie de pruebas documentales que ya obraban en el expediente, incluyendo mensajes de texto y correos electrónicos que mencionaban «tarifas» específicas según el monto de la importación solicitada. El impacto de estas revelaciones ha generado una fuerte repercusión en el arco político, mientras la fiscalía busca determinar si las maniobras contaban con la anuencia de los niveles más altos de las carteras ministeriales de aquel entonces. La causa, que originalmente inició centrada en el cobro de comisiones indebidas en seguros estatales, se expande ahora hacia un entramado mucho más complejo de fraude contra la administración pública.