La sanción de la nueva normativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo la premisa oficial de detener de forma inmediata a quienes ejerzan la actividad de cuidacoches ilegal, reavivó con fuerza el debate sobre la seguridad en el espacio público del interior del país. La ley porteña no solo elimina los grises regulatorios, sino que faculta de manera directo a las fuerzas de seguridad para intervenir ante situaciones de exigencia de dinero en la vía pública. Este avance institucional funciona como un espejo incómodo para las capitales provinciales que, sumergidas en la inacción legislativa, continúan postergando herramientas jurídicas efectivas para proteger a los ciudadanos frente a esquemas de recaudación informal fuertemente emparentados con la coacción.
En Resistencia, la realidad de los automovilistas replica el peor de los escenarios de desamparo urbano. Las denuncias por amenazas, aprietes y daños materiales a los vehículos se multiplicican diariamente en el macrocentro, transformando el simple acto de estacionar en una experiencia de constante intimidación. La problemática adquiere ribetes insólitos en las cuadrículas donde ya opera el Sistema Inteligente de Estacionamiento Medido (SIDEM), obligando a los conductores chaqueños a costear una doble imposición: el canon fiscal obligatorio exigido por el Municipio y, de manera paralela, el peaje clandestino y extorsivo impuesto por las mafias de cuadra para evitar represalias violentas.
Esta alarmante desprotección vecinal se profundizó hace apenas unas semanas en el Concejo Municipal de Resistencia, donde el ala política frustró una oportunidad histórica de ordenamiento urbano. Una sesión ordinaria clave se cayó estrepitosamente por falta de quórum debido al faltazo estratégico del bloque de concejales justitalistas y a desencuentros internos del oficialismo, impidiendo el tratamiento del proyecto de ordenanza impulsado por el presidente del cuerpo, Alejandro Aradas. La iniciativa del bloque radical —que persigue la prohibición total de la actividad y la erradicación del cobro ilegal— quedó encajonada en la comisión de Asuntos Generales, priorizando las especulaciones partidarias por sobre el hartazgo explícito de una sociedad que demanda el fin del vandalismo callejero.
El escenario actual de la capital chaqueña demuestra la necesidad imperiosa de aplicar normas restrictivas similares a las adoptadas por los grandes centros urbanos del país. La persistencia de esquemas de «regularización» mediante registros informales, propuestos por sectores de la oposición local, solo ha servido para institucionalizar el delito y la precarización en las arterias céntricas. Resistencia no puede continuar atrapada en la anarquía de sus calles; el Ejecutivo y los legisladores comunales deben deponer las dilaciones y dotar de manera urgente a la Policía del Chaco y a los inspectores de una ordenanza drástica que penalice el chantaje, devolviendo el orden, el respeto por las normas y la tranquilidad a los legítimos dueños del espacio público.
