La justicia federal dio un paso significativo esta jornada con la decisión del fiscal Guillermo Marijuán de imputar formalmente a Francisco Adorni, hermano del actual Jefe de Gabinete. La investigación se centra en presuntas maniobras de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, poniendo bajo sospecha el vertiginoso crecimiento patrimonial del familiar del funcionario en un corto período de tiempo. Esta medida judicial no solo compromete la situación personal de Francisco, sino que proyecta una sombra de duda sobre la transparencia administrativa de una de las figuras más cercanas al Presidente.
En paralelo, la tensión se trasladó al Congreso de la Nación, donde el bloque opositor en la Cámara de Diputados articuló una ofensiva política contra Manuel Adorni. Se presentaron diversos pedidos de informes verbales para que el Jefe de Gabinete brinde explicaciones detalladas sobre supuestas irregularidades en su declaración jurada y el uso de bienes del Estado. El malestar legislativo escaló hasta la presentación de una moción de censura, una herramienta constitucional de peso que busca castigar políticamente lo que consideran una falta ética grave en el ejercicio de la función pública.
El escenario actual deja al Gobierno en una posición defensiva, intentando separar la gestión oficial de los problemas judiciales de la familia Adorni. Mientras el oficialismo desestima las acusaciones calificándolas de «persecución política», los organismos de control y la justicia avanzan en el peritaje de cuentas y bienes. El cierre del día refleja una crisis de imagen que podría tener repercusiones directas en la gobernabilidad, en tanto la opinión pública y los mercados observan con atención el desenlace de estas denuncias por integridad patrimonial.
