En el centro de las negociaciones informales entre el Poder Ejecutivo nacional y los jefes provinciales, el alivio a la carga impositiva emergió como la condición excluyente para destrabar el mapa político. Mientras la Casa Rosada busca abroquelar el respaldo legislativo para suspender las elecciones primarias (PASO), las provincias condicionan su apoyo a un compromiso explícito de alivio fiscal que permita dinamizar las economías regionales y amortiguar el impacto del ajuste presupuestario en los distritos.
Esta negociación tributaria cruzada responde a la imperiosa necesidad de brindar señales de previsibilidad macroeconómica a los mercados financieros. Ante la imposibilidad de impulsar grandes reformas estructurales en el corto plazo, la estrategia de la cúpula libertaria apunta a persuadir a los inversores mostrando un consenso político ampliado de centro-derecha que asegure la continuidad del modelo económico, reduciendo la incertidumbre sobre la gobernabilidad y los horizontes electorales futuros.
El diagnóstico dentro del oficialismo coincide con la visión de sectores dialoguistas, representados por mandatarios como el mendocino Alfredo Cornejo, quienes sostienen que la sustentabilidad del programa requiere alianzas sólidas con más de una decena de gobernadores. A cambio de sostener la disciplina fiscal y acordar la baja de impuestos locales y nacionales, La Libertad Avanza contempla ceder en sus pretensiones de disputar poder en los territorios provinciales, priorizando la consolidación del esquema macroeconómico.
En paralelo a esta mesa de discusión política y fiscal, la integración de analistas técnicos como el economista Alberto Ades a las deliberaciones de Gabinete refleja el sesgo pragmático con el que la gestión nacional busca monitorear la coyuntura. La Casa Rosada apuesta a que el diseño de este entendimiento impositivo y electoral funcione como el ancla necesaria para mitigar la volatilidad financiera y atraer inversiones privadas en los próximos años.
