La reforma electoral impulsada por la Casa Rosada sufrió un duro revés en el Congreso al chocar contra la postura de sus aliados estratégicos. La intención del Poder Ejecutivo de eliminar las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y reinstaurar el sistema de listas colectoras cosechó el rechazo tajante de los bloques del PRO y de la Unión Cívica Radical (UCR). Sin el respaldo de estas fuerzas dialoguistas, esenciales para construir mayorías en un parlamento fragmentado, el proyecto oficialista quedó empantanado y con pocas chances de avanzar en el corto plazo.
Ante este freno en materia electoral, el oficialismo optó por reactivar la agenda parlamentaria enfocándose en el Senado, capitalizando el clima político posterior al acto central por el Día de la Independencia en Tucumán. La estrategia de la Casa Rosada apunta ahora a recuperar la iniciativa legislativa con proyectos de fuerte contenido ideológico y económico que sí logren aglutinar el consenso de los sectores de la oposición más cercanos al Gobierno.
En este nuevo esquema de prioridades, se confirmó que el próximo jueves la Cámara Alta tratará de manera prioritaria el proyecto de ley sobre la inviolabilidad de la propiedad privada. Con esta iniciativa, el Gobierno busca enviar una señal de previsibilidad jurídica a los mercados y consolidar las bases del modelo económico actual, en una sesión que servirá para medir la verdadera fuerza de las alianzas oficialistas de cara al segundo semestre del año.
