El Gobierno nacional oficializó este lunes un nuevo régimen de retiro voluntario destinado a los empleados de la Administración Pública Nacional centralizada alcanzados por la Ley 25.164 o con contratos por tiempo indeterminado. La convocatoria, cuya inscripción permanecerá abierta del 1 al 30 de noviembre con posibilidad de prórroga por 30 días, alcanza a unos 20 mil trabajadores en condiciones de adherir. El esquema establece compensaciones económicas calculadas según la edad, la antigüedad y los aportes jubilatorios de cada agente, divididos en tres grupos específicos, al tiempo que excluye al personal de las Fuerzas Armadas, de seguridad, del Servicio Exterior y del Manejo del Fuego, entre otros sectores.
Para acceder al beneficio, los aspirantes deben cumplir con una serie de requisitos y condiciones estrictas fijadas por la normativa vigente. La medida no alcanza a contratados transitorios ni a personal de organismos descentralizados, como ANSES, exigiendo además que los solicitantes no registren procesos penales ni sumarios administrativos graves pendientes que pudiesen derivar en cesantías. Asimismo, para formalizar la adhesión, los empleados que mantengan demandas judiciales o reclamos administrativos vinculados a su relación laboral con el Estado deberán desistir formalmente de dichas acciones.
El programa contempla un esquema de compensaciones diferenciado que ofrece gratificaciones únicas o el cobro de porcentajes salariales por hasta 36 meses para quienes estén próximos a la jubilación sin los aportes necesarios, además de pagos equivalentes a un sueldo por año de antigüedad —con un tope de hasta 20 remuneraciones— más adicionales según la trayectoria laboral. Como eje central del decreto, el Ministerio de Desregulación confirmó la inclusión de una cláusula contra la denominada «puerta giratoria», imposibilitando que los agentes que acepten el retiro voluntario vuelvan a ser contratados en el sector público por los próximos ocho años.
