El Tribunal Oral Federal 5 dio inicio al juicio unificado por las causas Los Sauces y Hotesur, un proceso que sienta en el banquillo de los acusados a Cristina Fernández, Máximo Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, Fabián De Sousa y a otros 24 imputados. La fiscalía expuso las bases de la imputación, que apunta a juzgar la existencia de un mecanismo societario diseñado para canalizar fondos de origen ilícito e integrarlos al patrimonio de la familia presidencial bajo la apariencia de operaciones comerciales ordinarias.
El esquema descripto por el Ministerio Público Fiscal se articulaba en dos ejes principales. Por un lado, la firma Hotesur percibía pagos por el alquiler de plazas hoteleras a través de Valle Mitre, sociedad administradora que gestionaba establecimientos como el Hotel Alto Calafate, la hostería Las Dunas y el Hotel La Aldea del Chaltén, solventados en su mayoría por constructoras e inmobiliarias pertenecientes al grupo de Lázaro Báez, tales como Austral Construcciones, Kank y Costilla, Badial y Loscalzo y Del Curto.
En forma paralela, la causa Los Sauces examina los giros económicos concretados por los grupos Báez e Indalo —este último propiedad de Cristóbal López y Fabián De Sousa— mediante contratos de locación de oficinas y departamentos pertenecientes a la familia Kirchner. De acuerdo con la acusación fiscal, gran parte de estos alquileres y reservas no respondían a una demanda real, sino a retornos enmarcados en las concesiones de obra pública otorgadas a los contratistas del Estado.
A partir de este momento, las audiencias se abocarán a la etapa probatoria y al testimonio de los citados a declarar. El tribunal deberá analizar las pruebas contables y documentales para determinar la responsabilidad penal de los procesados en la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero y percepción de dádivas.
