La Argentina conmemora este miércoles 3 de junio el undécimo aniversario de la histórica movilización «Ni Una Menos», la masiva reacción ciudadana surgida en 2015 tras el femicidio de la adolescente Chiara Páez. Bajo las consignas centrales «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos» y «Ni una menos, el Estado es responsable», las principales agrupaciones civiles, colectivos de mujeres y diversidades concentran sus reclamos frente al Congreso de la Nación en la Ciudad de Buenos Aires y en las plazas institucionales de las 23 provincias. El foco de la jornada está puesto en denunciar el impacto de la crisis socioeconómica en las poblaciones más vulnerables y el desmantelamiento de los programas oficiales de prevención y asistencia.
Los datos epidemiológicos que sustentan la convocatoria exponen una realidad estructural alarmante en el país. Según el último registro del Observatorio de Femicidios «Adriana Marisel Zambrano», coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, en el último año se contabilizaron 274 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, junto con 6 travesticidios, lo que equivale a una muerte violenta cada 31 horas en territorio nacional. Estas estadísticas oficiales del tercer sector revelan además que la vivienda de la víctima sigue siendo el sitio más inseguro —concentrando el $58\%$ de los casos— y que más de 300 menores de edad perdieron a sus madres a causa de estos crímenes de género.
Ante este panorama, el pliego de demandas dirigidas a los tres poderes del Estado se ha vuelto más urgente y preciso. Las organizaciones comunitarias exigen de manera unánime el restablecimiento pleno de las líneas de asistencia telefónica como la Línea 144, la continuidad del programa Acompañar y el fortalecimiento presupuestario para la aplicación efectiva de la Ley Micaela en los ámbitos públicos. Asimismo, la movilización subraya la necesidad de una reforma judicial con perspectiva de género que garantice el acceso real a la justicia, agilice el dictado de medidas de protección perimetral y evite la revictimización de quienes denuncian situaciones de violencia intrafamiliar.
