La Policía de la Provincia del Chaco atraviesa una de las crisis institucionales más profundas de su historia reciente, evidenciando una degradación que parece no tener límites. Esta decadencia se encuentra cimentada en una alarmante carencia de mecanismos de control interno: actualmente, los efectivos solo se someten a un test psicológico al ingresar a la fuerza, repitiéndose únicamente si el agente se ve involucrado en un hecho investigado. Asimismo, los exámenes para determinar el consumo de sustancias prohibidas se realizan de forma aleatoria y no a la totalidad del personal, lo que refleja una desidia estatal en el seguimiento de quienes deben portar armas y proteger a la ciudadanía.
El horror alcanzó su punto máximo con el sangriento itinerario criminal protagonizado por el policía Luciano Alberto Etudie, numerario de la Comisaría Cuarta. En un hecho que estremeció a la sociedad, Etudie asesinó a su padre en Resistencia para luego trasladarse a Puerto Vilelas, donde tomó como rehenes a su expareja y a su pequeño hijo. En medio de una supuesta negociación con sus propios colegas, el agente ejecutó a la mujer frente a los uniformados, dejando al descubierto la violencia intrínseca en las filas y el trágico desenlace de un integrante de la fuerza fuera de control.
La inestabilidad interna volvió a manifestarse violentamente en la madrugada del 28 de abril de 2026, dentro de la Comisaría de Colonias Unidas. Allí, un oficial identificado como Iturri efectuó al menos diez disparos desde su casa de servicio hacia la guardia de la dependencia, hiriendo gravemente al agente Lucas Gómez. Tras el ataque, que obligó a la intervención inmediata de la comisaría, se confirmó que el agresor dio positivo en los tests de alcoholemia y drogas, confirmando el peligro latente que representa la falta de exámenes toxicológicos preventivos y obligatorios para todo el personal.
A esta violencia interna se suma un escándalo de corrupción que salpica las bases mismas de la lucha contra el crimen: la existencia de una presunta red de «narcopolicías». La investigación, liderada por la justicia federal, estalló tras el intento de robo de 9,5 kilogramos de cocaína durante un acto oficial de incineración en diciembre de 2025. Hasta la fecha, al menos nueve agentes de la Dirección de Consumos Problemáticos han sido detenidos, acusados de sustraer estupefacientes incautados en operativos legales para luego reinsertarlos en el mercado ilegal, revendiéndolos a narcos locales.
Este escenario de parricidios, ataques entre camaradas y connivencia con el narcotráfico dibuja una fuerza policial que se ha transformado en parte del problema de inseguridad que padece el Chaco. La interrelación entre estos hechos no es casual, sino el síntoma de una institución que ha descuidado la salud mental y la integridad ética de sus miembros. Sin una reforma profunda que imponga controles estrictos, permanentes y universales, la confianza pública en la Policía del Chaco seguirá desmoronándose mientras el uniforme continúa siendo noticia por el espanto y el delito.
