El Senado de la provincia de Salta sancionó de forma definitiva una ley que establece castigos para los padres o tutores de menores que cometan actos de bullying o ciberacoso. La normativa modifica el Código Contravencional local, incorporando sanciones que van desde multas económicas hasta 30 días de arresto o la obligación de realizar tareas comunitarias. Según el espíritu de la ley, esta medida no busca criminalizar a los menores, sino «despertar» la responsabilidad de los adultos responsables cuando estos se muestran indiferentes o reticentes a intervenir ante los llamados de atención de las instituciones educativas.
La nueva legislación define el acoso escolar como cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre estudiantes de forma reiterada, ya sea en el aula o a través de redes sociales. El proceso se activará cuando la escuela agote las instancias pedagógicas y los padres no respondan a los compromisos de convivencia. En estos casos, la justicia contravencional podrá intervenir para aplicar las sanciones mencionadas, entendiendo que la falta de supervisión o la omisión de los tutores contribuye a la persistencia del daño hacia la víctima.
La iniciativa ha generado opiniones divididas entre especialistas en educación y derechos de familia. Mientras que algunos sectores ven en esta ley una herramienta necesaria para frenar la escalada de violencia escolar, otros advierten que la punición a los padres no resuelve la raíz del problema y podría tensar aún más la relación entre la escuela y la comunidad. El debate ahora se traslada a la implementación práctica de la norma, mientras el resto de las provincias argentinas observan el modelo de Salta como un posible precedente para abordar la problemática del acoso desde una perspectiva legal.
