La salud financiera de las familias argentinas encendió luces rojas en el sistema bancario tras conocerse un duro diagnóstico de la consultora privada 1816. De acuerdo con el relevamiento, la mora crediticia de los hogares trepó al 12,7%, encadenando un preocupante ciclo de 19 meses consecutivos en terreno positivo. Este persistente deterioro refleja las serias dificultades que atraviesan los asalariados y cuentapropistas para cumplir con los vencimientos de tarjetas de crédito, préstamos personales y créditos prendarios, en un contexto donde los ingresos familiares continuaron corriendo por detrás de los compromisos previamente asumidos.
El impacto directo de este indicador se traduce en una drástica exclusión financiera: un universo estimado en 6,8 millones de personas quedó completamente marginado del circuito formal de financiamiento tradicional. Al ingresar en categorías de riesgo crediticio alto o figurar con calificaciones negativas en las bases de datos del Banco Central, estos usuarios ya no tienen la posibilidad de renovar plásticos ni de acceder a nuevas líneas comerciales para consumo o emergencias. Esta parálisis no solo golpea la economía doméstica, sino que le quita tracción al consumo masivo, uno de los motores clave de la actividad interna.
Ante este complejo escenario, la banca pública decidió mover fichas para intentar contener el arrastre de la morosidad y reincorporar a los clientes morosos al sistema. Entidades de primera línea como el Banco Nación, el Banco Ciudad y el Banco Provincia pusieron en marcha de manera urgente agresivos planes de refinanciación de pasivos. Estas propuestas oficiales buscan estructurar planes de pago a plazos más largos y con tasas de interés morigeradas, permitiéndoles a los deudores consolidar sus saldos pendientes bajo condiciones más accesibles y evitar que la cadena de pagos se termine de quebrar.
