La Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) de la Provincia del Chaco dictó la Resolución N.° 3107/26, mediante la cual dispuso el cierre definitivo y el archivo de la investigación que se seguía contra el Directorio de la empresa estatal ECOM Chaco S.A. La causa se había originado a partir de una denuncia penal y administrativa promovida por diputados provinciales de los bloques Justicialista y Frente Grande, quienes cuestionaron una serie de contrataciones directas efectuadas entre octubre de 2024 y julio de 2025, bajo la sospecha de supuestos sobreprecios y direccionamiento en la adjudicación de servicios notariales.
El dictamen, respaldado por la firma del fiscal general Gustavo Santiago Leguizamón, concluyó que los honorarios liquidados a la escribana interviniente mantuvieron una estricta correspondencia con las tablas arancelarias vigentes del Colegio de Escribanos de la Provincia del Chaco. Los peritajes contables y las auditorías cruzadas arrojaron que los montos facturados se ubicaron apenas un 11% por encima del mínimo indicativo fijado por la entidad profesional, un margen que el organismo consideró habitual y razonable según los parámetros del libre mercado, descartando de plano cualquier tipo de sobrefacturación o daño patrimonial al erario público.
Asimismo, la FIA constató que el incremento del volumen de facturación objetado por la oposición legislativa respondió a necesidades operacionales críticas y extraordinarias de la compañía tecnológica. Entre ellas, se detalló la certificación de actas por la desvinculación formal de 86 agentes y los trámites de regularización institucional ante la Inspección General de Personas Jurídicas que arrastraban retrasos administrativos desde el año 2018. Al no detectarse conductas delictivas, el expediente se cerró sin la formulación de cargos ni derivaciones a los tribunales ordinarios.
Pese a convalidar la legalidad del proceso, la resolución administrativa incorporó recomendaciones técnicas para que ECOM Chaco perfeccione sus manuales internos de compras. Al respecto, desde la firma estatal señalaron que estas sugerencias ya se encuentran contenidas dentro de su plan de modernización institucional, el cual incluye la implementación del sistema «ECOMPRAS» con expedientes electrónicos trazables y el uso consolidado de la Subasta Electrónica Inversa, una herramienta digital que durante el último año reportó al Estado un ahorro superior a los 300.000 dólares.
