El Poder Ejecutivo envió formalmente al Congreso el proyecto de presupuesto 2027, el cual contempla para el Ministerio de Defensa una asignación de recursos por 5,2 billones de pesos, lo que representa un incremento nominal del 20% respecto al año anterior, ubicándose por debajo de la inflación anual estimada por analistas en un 30%. Sin embargo, la novedad central de la pauta de gastos radica en la autorización explícita para que el Gobierno gestione un crédito público internacional destinado a la recuperación de la capacidad submarina de superficie y submarina, en medio de las persistentes tensiones con el Reino Unido por la Cuestión Malvinas.
Dentro de las prioridades estratégicas trazadas para la Armada, la iniciativa habilita la adquisición de tres submarinos convencionales —existiendo gestiones avanzadas en torno al modelo Scorpène— por un valor estimado de 2300 millones de dólares, además de la incorporación de dos fragatas multimisión valuadas en 1200 millones de dólares. Estos millonarios planes de reequipamiento se cruzan con el escenario interno que atraviesa la fuerza, golpeada recientemente en el ámbito castrense por el avance de una causa judicial tras una denuncia de la propia institución sobre maniobras fraudulentas millonarias en la liquidación de haberes del personal naval.
